En declaraciones a Pharma Market Jorge Lázaro, director de Vitaepharma y Vicepresidente de Oesp ha señalado “La industria de empresas dedicadas a la fabricación de material sanitario se encuentra en una situación crítica”.

La pandemia generada por el COVID 19 generó una crisis de desabastecimiento de material sanitario en España debido a que no había muchas empresas que se dedicaran a esta actividad.

Este hecho obligó a la administración a comprar estos productos, que se habían convertido de primera necesidad, en el mercado internacional sin mayores garantías o controles de calidad.

Por su parte, muchos empresarios invirtieron sus esfuerzos y ahorros en la puesta en marcha de empresas que abastecieran de esos productos a toda la población en general, y sanitarios en especial, con el objetivo de suplir los problemas de stock en España.

Ahora, todos estos fabricantes se encuentran con un gran obstáculo para acceder a las adjudicaciones públicas debido a la competencia desleal que existe por parte de los productos importados del exterior de la Unión Europea.

La adjudicatura de un contrato público no se puede limitar solo al precio

Actualmente, los requisitos de adjudicación están basados en el artículo 145 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, cuyo objetivo está fundamentado en mejorar la seguridad jurídica, facilitando los trámites y, en especial, imponer una menor burocracia para los licitadores y un mejor acceso para las pymes.

En esta línea, las adjudicaturas están tan simplificadas que el único requisito establecido es el precio de los productos. Factor que anula directamente a los fabricantes nacionales pues es imposible competir con los precios de países asiáticos ya que los costes de producción en Españas son más elevados.

Con ello, existe la necesidad de incluir en la Ley 9/2017 criterios como aspectos ambientales, entre los que se encuentra la compra de cercanía o el empleo de energías renovables; sociales, como la protección de la salud y seguridad en el trabajo, además de otros entre los que se encuentran la calidad, la innovación técnica, cualificación del personal para una mejor ejecución e, incluso, el servicio postventa.

Estos parámetros son los que deberían tener una incidencia importante a la hora de conceder el suministro facilitando, así, los criterios objetivos bajo los que deben actuar las administraciones.

Es necesaria la toma de medidas de cara a defender el producto nacional frente al importado para garantizar la supervivencia del sector.